Como se puede comprobar después de leer en los anteriores apartados, hay jueces muy poco motivados para trabajar cuando el caso no les interesa. Para evitar estos casos es necesario que las personas que se sientan perjudicadas por la “mala praxis” judicial puedan querellarse contra estos y exigir responsabilidades por no haber realizado su trabajo. Son trabajadores al servicio de los ciudadanos y no son una clase especial de funcionarios que pueden elegir si trabajar o no y en qué casos trabajan y en cuáles no.
Si estás de acuerdo con lo anterior, por favor, firma la petición: Posibilidad de querella contra juez por mala praxis. Url: www.change.org/querrellapormalapraxisjudicial,
MAS DE 5.000 PERSONAS HA FIRMADO YA ESTA PETICIÓN. FIRMALA TU TAMBIEN Y COMPARTE LA PETICION EN TUS REDES. AYUDANOS A CRECER.
Debajo sigue la carta enviado al Minsitro de Justicia para que tenga en cuenta esta petición
https://www.change.org/querrellapormalapraxisjudicial
Código QR:
CARTA AL MINSITRO DE JUSTICIA
Jesús Fernández del Val
A la atención del Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes
D. Félix Bolaños García
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo, 45
28015 – Madrid
ASUNTO: Denuncia sobre el funcionamiento de la
Administración de Justicia y propuesta de reforma legislativa en materia de
responsabilidad judicial y fiscal.
Excelentísimo Señor Ministro:
Nos dirijimos a usted en su condición de máximo
responsable de la cartera de Justicia para trasladarle mi profunda preocupación
e indignación ante el progresivo deterioro, la desidia, la negligencia y la
arbitrariedad que, en no pocas ocasiones, caracterizan el funcionamiento de
nuestros juzgados, tribunales y fiscalías.
Vamos a hacer un breve relato del caso que me lleva a
pedir esto. El caso es largo y no me quiero extender en su relato porque no es
el objetivo de la carta. Nuestra hija
falleció en un caso de violencia de género. Ocurrió hace dos años y en este
tiempo no ha habido juez que preste atención al caso. La juez del Juzgado nº 26
de Instrucción de Madrid lo cerró con la frase “No testigos, muerte accidental
o suicidio”. El marido estaba con ella en un espacio de 25 metros cuadrados y dándole
voces e insultándola instantes antes, así fue atestiguado por los vecinos. No se molestó ni en interrogar al marido a
pesar de las contradicciones en sus diferentes versiones. Tres meses después, tras una apelación, pasó
el caso a un juzgado de violencia de género, cuando debería haberlo hecho al día
siguiente del suceso. Esta señora jueza actuó, en mi opinión, con una desidia y
negligencia supremas, impidiendo que se investigase el caso y se obtuviesen
pruebas de lo que realmente ocurrió. Si quiere una información detallada del
caso y de las actuaciones judiciales realizadas hasta ahora puede verlo en: https://juecesviolenciagenero.blogspot.com/
No es un caso único, hay numerosos casos similares a este,
basta con leer la prensa.
Como ciudadanos que cumplen con sus obligaciones creo que
tenemos derecho a exigir que los funcionarios públicos hagan su trabajo. Ya nos hemos quejado al Consejo General del
Poder Judicial, con su experiencia ya sabrá que la respuesta de este órgano
a un ciudadano normal es poco menos que reírse en su cara.
Como ciudadanos que creen firmemente en el Estado de
Derecho, resulta alarmante comprobar cómo la tutela judicial efectiva,
garantizada por el artículo 24 de la Constitución Española, se convierte en la
práctica en una quimera debido a retrasos injustificados, desidia, negligencia,
resoluciones arbitrarias y una patente falta de celo profesional por parte de
determinados jueces y fiscales. Lo más grave de esta situación no es solo la
existencia de estos comportamientos, sino el severo blindaje y la sensación de
impunidad que rodea a la labor de estos operadores jurídicos.
En la actualidad, las vías existentes para exigir
responsabilidades a un magistrado o fiscal por negligencia o desidia —a través
del Consejo General del Poder Judicial o de los mecanismos disciplinarios
internos— resultan insuficientes, endogámicas y, en la mayoría de los casos,
ineficaces para resarcir al ciudadano afectado o para corregir malas prácticas
flagrantes.
Por todo ello, le propongo formalmente promover e
impulsar una reforma legislativa que garantice la verdadera rendición de
cuentas en el seno del Poder Judicial y la Fiscalía. En concreto, solicito que
se regule un marco normativo que:
1.
Permita la querella directa del
ciudadano: Habilite un cauce legal claro, accesible y directo para
que los administrados puedan querellarse o accionar judicialmente contra
aquellos jueces y fiscales que actúen con negligencia grave, desidia reiterada
o arbitrariedad manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
2.
Establezca un régimen de responsabilidad
real: Garantice que la independencia judicial no sea
instrumentalizada como un escudo frente a la negligencia, arbitrariedad o
dejación de funciones.
3.
Sancione la arbitrariedad y el retraso
injustificado: Tipifique de forma rigurosa las conductas que
vulneren sistemáticamente los derechos de las partes en los procesos
judiciales.
La independencia judicial es un pilar indispensable en
cualquier democracia, pero esta debe ir indisolublemente ligada a la
responsabilidad. Sin responsabilidad, la independencia se degrada en
arbitrariedad. Los ciudadanos no podemos quedar en una situación de indefensión
ante las actuaciones u omisiones desidiosas de quienes tienen la encomienda
constitucional de impartir justicia.
No estamos solos, en esta petición, a través de la
organización change.org hemos
conseguido más 5200 firmas de ciudadanos que apoyan esta proposición. Es una cifra
modesta, pero para unos padres que están luchando solos contra esto no nos lo
parece. La petición es : https://www.change.org/querrellapormalapraxisjudicial
Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta
carta y confiando en su sensibilidad para abordar reformas profundas que
devuelvan la confianza ciudadana en la Justicia, le saludan atentamente,
Jesús Fernández del Val
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